Un discurso para el gatillo fácil

Durante la última dictadura, la desaparición física de personas y las respectivas ejecuciones formaron parte de un mecanismo político represivo destinado a instalar un orden político – económico nuevo. Su discurso justificador fue el de la contrainsurgencia.
El genocidio tuvo dos objetivos principales: por un lado, desarticular toda posibilidad de organización de resistencia popular, atacando en consecuencia a las fuerzas capaces de producirlas (partidos políticos, sindicatos, centros de estudiantes, etcétera.), y por otra parte, sembrar el terror que paraliza en todos los afectados por el nuevo modelo a ser implantado por la dictadura. El agente ejecutor tanto de la transformación económica como del terrorismo de Estado fue el llamado partido militar, que utilizó como apoyo principal a las fuerzas armadas aunque no excluyó a civiles, por lo cual se suele hablar de dictadura cívico – militar.
Recuperado el Estado de derecho, los militares pasaron a segundo plano y en la práctica abandonaron el escenario político represivo, dejando este rol a la policía y otras unidades de seguridad (Gendarmería, Prefectura, etcétera).
Al igual que durante el gobierno de facto persisten mecanismos represivos públicos, «legales», y otros clandestinos e ilegales. El llamado gatillo fácil es uno de los mecanismos ilegales de represión. La expresión fue acuñada por diversos organismos de DDHH, principalmente por la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) y alude concretamente a una ejecución extrajudicial.
Las organizaciones de DDHH comprenden en la expresión a toda muerte o daño grave provocado por un uniformado en forma ilegal, se utilice en el mismo armas de fuego o no. “La pena de muerte extrajudicial aplicada por verdugo de uniforme”, tal es el nombre formal del gatillo fácil, tiene una función distinta que la represión dictatorial. Se trata de efectuar una represión “preventiva” e indiscriminada contra los opositores potenciales, léase los sectores marginados por el nuevo modelo.
La represión preventiva está destinada a un control social más que al castigo de faltas o infracciones a la ley, y para ello el Estado moderno faculta a la policía y a otras agencias de seguridad.
Los nuevos enemigos para el imaginario policial pasarían a ser el grupo de jóvenes desocupados, morochos y de pelo largo que abundan principalmente en las periferias urbanas, o simplemente los pobres y miserables.
Desde 1983, 4300 jóvenes murieron por el gatillo fácil; 200 más están desaparecidos. En todos estos casos hay un mismo autor: la policía.
La práctica tiene antecedentes en la policía bonaerense. En el año 1965 en un descampado de la ciudad de Quilmes apareció el cadáver de Nazareno “el sapo” Vidal, un ladrón de poca monta que en el parte policial figuró como muerto en un tiroteo. La investigación judicial reveló que el cuerpo tenía las muñecas atadas y un tiro en la nuca. No fue un tiroteo, fue un ajuste de cuentas efectuado por un sargento llamado “el turco” Abraham.
Rodolfo Walsh, en su libro Operación Masacre, denuncia la trama perversa de acciones y encubrimientos para que, en los basurales de José León Suárez, se efectuase una ejecución sumaria. Un crimen político que dejaría su huella indeleble en la historia argentina.
El fiscal de cámaras del departamento judicial de Morón que actuó en el caso de Sergio Durán, Dr. Nievas Woodgate, señala que en el año 1978, a poco de ser nombrado fiscal en primera instancia, le tocó procesar a cuatro funcionarios policiales por la comisión del delito de homicidio. En aquella ocasión pudo demostrarse que los uniformados sacaron a un detenido de la comisaría y lo introdujeron en un auto robado que se encontraba en el playón policial y lo llevaron hasta un descampado donde lo fusilaron. El móvil de los funcionarios en aquella oportunidad fue la búsqueda de una buena nota para su legajo, base para un ascenso.
Las internas políticas, la búsqueda de una promoción, la inhabilidad en el uso del arma, las venganzas personales, el uso indiscriminado de la fuerza y la corrupción forman parte de un fenómeno extendido, que ha crecido desde el momento de la recuperación del Estado de derecho.
El método y el discurso: Si hablamos de una metodología sostenida por los organismos de poder, es importante analizar y verificar la existencia de un discurso justificador que construya simbólicamente la necesidad de tal método.
En 1978 “La Bonaerense” llevaba, en los primeros 90 días, la cifra de 103 “delincuentes” abatidos. Crónica titularía “Guerra total al delito”. Es cuando se produce la llamada “Masacre de Budge” en la cual fueron acribillados tres amigos que tomaban una cerveza en una esquina y que, luego se convertiría en la primera experiencia de organización barrial para exigir justicia en un caso de violencia represiva.
Desde el punto de vista del análisis del discurso, el lingüista holandés Van Dijk, nos señala que el delito no es un sujeto definido, por lo tanto el contexto en que esté inscripto marcará su contenido. El título del diario Crónica es una muestra del discurso justificador. El delito y los presuntos delincuentes son tomados como enemigos que conforman un bando al cual se debe destruir y eliminar en nombre del orden social. El sujeto delito aparece como algo ajeno a la especie humana. Es un “otro extraño” que no tiene derechos.
Del mismo modo, el diario Clarín tituló en su tapa del día siguiente de la masacre de Puente Avellaneda en manos de la policía que el miércoles 26 de junio de 2002 se cobró la vida de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki: “La crisis causó dos nuevas muertes”, descartando por completo la responsabilidad de la policía.
En todos los casos existe la misma constante para los medios: en general parten de reproducir las opiniones de las fuerzas policiales; es así como se instala que “por algo” resultaron muertos, e incluso llegan a asegurar que “merecían la muerte”.
También en los casos en que es posible demostrar torturas, gatillo fácil o un exceso en el uso de la violencia, al no publicarse en las mismas condiciones en que se difundieron las primeras noticias, en los receptores masivos se va cristalizando la versión original. En general, si los medios masivos lo consideran inevitable, o lo que es peor, lo creen noticia vendedora, los testimonios de los familiares de las víctimas se publican, pero de manera que inspiren ternura, comprensión, pero no como un criterio de verdad.
En las publicaciones puede verse claramente la intención retórica de sacar a los delincuentes reales o presuntos del espacio de la ciudadanía y, más profundamente, del género humano, para justificar la ejecución de los mismos.
Cuando un funcionario es condenado, se destaca el rol de la justicia independiente, sin ningún tipo de autocrítica por las versiones difundidas inicialmente.
Los casos de gatillo fácil responden a ejecución sumaria en toda la regla, llevada a cabo por policías que pertenecen a la misma clase social que los asesinados, clase de la que se enajenaron.
Al respecto, y para finalizar, el Dr. Eugenio Zaffaroni indica en forma taxativa: “El Estado queda reducido a una función recaudadora… Sus necesidades son contradictorias: debe eliminar todo obstáculo al ejercicio del poder de los oligopolios y disciplinar o eliminar a los excluidos para que no perturben.”

Siu Casas