Contrabando de armas: Piden habilitar la feria judicial para aportar medidas de prueba en la causa

El titular de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°9, Claudio Roberto Navas Rial, impulsó hoy la acción penal para que se investigue el posible contrabando agravado de armas y municiones al Estado Plurinacional de Bolivia el 12 de noviembre de 2019.

En su requerimiento de instrucción, el representante del MPF imputó en los hechos al entonces presidente Mauricio Macri; a su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; a su ministro de Defensa, Oscar Aguad; al entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; al ex director general de la Gendarmería Nacional, Gerardo José Otero; y a los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.

La promoción de la acción penal fue formulada en la causa CPE 722/2021, caratulada «Macri, Mauricio y otros s/ infracción ley 22.415», del registro de la Secretaría N°17 del Juzgado N°9 del fuero Penal Económico. El expediente es consecuencia de la denuncia formulada por la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic; la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria.

Los imputados

Según da cuenta el sitio del Ministerio Público Fiscal, que conduce el macrista Eduardo Casal, en la pieza que inicia el proceso, de 13 páginas de extensión, el fiscal solicita además la habilitación de la feria judicial para la realización de una serie de medidas de prueba tendientes a la comprobación de la denuncia.

«Considero necesario investigar el accionar atribuido a Gerardo José Otero, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, funcionarios de la Gendarmería Nacional Argentina al tiempo de los hechos, que habrían intervenido en distintas fases del procedimiento de solicitud de autorización para exportar el material armamentístico involucrado, así como para justificar posteriormente, desde lo formal, el presunto desvío de su destino», señala el fiscal.

En esa línea, agrega que «la persona que habría autorizado el traslado de un grupo de Gendarmes con quienes, supuestamente, se transportaron los pertrechos en cuestión, fue la entonces Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich y la provisión del avión que transportó el equipo humano y material habría sido provisto por el Ministerio de Defensa de la Nación, entonces a cargo de Oscar Aguad”.

Más involucrados

“El ex -embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, habría recibido una misiva en la que se agradece la dotación del material cuestionado, con lo que cabe esperar la aclaración pertinente sobre el derrotero que pudo haber llevado, con su aparente intervención, a ese corolario. Por último, entiendo que, dentro del esquema esgrimido por los denunciantes, una maniobra hipotética como la que cabe investigar debería haber contado con algún nivel de concierto de quien ejercía entonces el cargo de Presidente de la Nación y, de suyo, el de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Mauricio Macri».

Finalmente, refiere: «No encuentro en el relato de los hechos que pasará a analizarse, por el momento, circunstancias o elementos que justifiquen incorporar a otras personas en esta presentación, sin perjuicio de lo que pueda surgir al respecto con el avance de la investigación»

La denuncia

A lo largo del dictamen, el fiscal reproduce los principales puntos de la denuncia presentada por las autoridades de los ministerios de Seguridad y Justicia y de la AFIP, y concluye: «Encuentro mérito suficiente para impulsar la acción penal, en principio, con relación a las supuestas irregularidades detalladas respecto del material armamentístico enviado al Estado Plurinacional de Bolivia, como constitutivos del delito de contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos y por tratarse de armas y municiones de guerra».

Añade que el impulso de la investigación tiene «la finalidad de aclarar las incógnitas que plantea el caso en relación a las aparentes discrepancias en la registración documental del material exportado, así como también con relación al destino declarado y al material otorgado a tales elementos».

Doble causa en trámite

El fiscal agrega que existe otra causa -la nro. CPE 721/2021-, que involucraría los mismos hechos, y cuya investigación fue delegada en la fiscalía a su cargo por el Juzgado n° 4 del fuero Penal Económico. Esa causa fue iniciada el mismo día por la denuncia del abogado Eduardo Freiler y, al respecto, el fiscal augura que «ambos expedientes parecen destinados a tramitar conjuntamente, cuestión que deberá tratarse en su oportunidad», con miras a evitar la duplicación en la producción de medidas probatorias.

En el comienzo del dictamen, el fiscal aclara que «en consideración a la notoriedad pública de algunas de las personas que se mencionan en el escrito que origina la causa, conviene recordar que, de acuerdo con el carácter puramente inicial de este dictamen, la mención de algunos de ellos en esta pieza no señala otra cosa que la necesidad de esclarecer su comportamiento en el marco hipotético delimitado por las referencias que componen la denuncia, garantizándoles, de contra cara, el control del avance del proceso, de acuerdo con las normas que reglamentan el ejercicio del derecho constitucional de defensa en juicio». (InfoGEI)Jd

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