Sociedad

Con el glifosato a diez metros impulsan que se permita fumigar casi al lado de las viviendas

Un proyecto de ley que ya tiene media sanción en el Senado bonaerense achica las distancias de uso del herbicida respecto de las casas habitadas. Organizaciones sociales y asambleas de pueblos fumigados denuncian que la iniciativa es inconstitucional.

Por Darío Aranda – La Cámara de Senadores de Buenos Aires dio media sanción a un proyecto de ley que permite fumigar con el cuestionado herbicida glifosato hasta sólo diez metros de las viviendas, reduce al mínimo las distancias de utilización de agroquímicos, desoye fallos judiciales y no se basa en ninguna evidencia científica para establecer las distancias. Organizaciones sociales y asambleas de pueblos fumigados denuncian la inconstitucionalidad del proyecto y afirman que el gobierno provincial privilegió a las empresas del sector, nucleadas en la Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid) y la Cámara de empresas de agroquímicos (Casafe) por sobre la población.
El ministro de Agroindustria de Buenos Aires y ex gerente de Monsanto, Leonardo Sarquís, lo anunció a días de asumir: trabajaban en una nueva ley provincial de agroquímicos. El 6 de julio, y sin discusión mediante, el Senado bonaerense dio media sanción a una ley en línea con los pedidos empresarios: “Se prohíbe toda aplicación utilizando la técnica terrestre de todos los productos fitosanitarios, fertilizantes y otros plaguicidas comprendidos en las clases III y IV, la cual está delimitada por diez metros contados desde el límite de la zona urbana”.
Entre los productos que podrán fumigarse hasta pasos de las viviendas están el herbicida glifosato (categorizado por el IARC como “probable cancerígeno”, ubicado en el segundo escalón de peligrosidad en una escala de 1 a 5), atrazina (su principal comercializadora es la multinacional Syngenta), clorpirifos y el también cuestionado herbicida 2,4-D.
“Es un proyecto que desconoce absolutamente las denuncias y enfermedades que se dan en todo el país respecto a las fumigaciones y también ignora las evidencias científicas y legales que acreditan la necesidad de proteger al ambiente y a la salud de la población. No existe argumento ni técnico ni científico que justifique esta ley”, denunció Gabriel Arisnabarreta, ingeniero agrónomo, productor de alimentos sin venenos e integrante de la organización Ecos de Saladillo.
Arisnabarreta afirmó que lo único que privilegia este proyecto en la “búsqueda de mayor rentabilidad” de empresas. Precisó que detrás de la iniciativa están la Asociación de Siembra Directa (Aapresid), Casafe (cámara empresaria de agroquímicos, donde están todas las grandes compañías del sector), la Mesa de Enlace, “sectores del INTA” y el Ministerio de Agroindustria de Nación.

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