Denuncian penalmente al Procurador General Provincial, Conte Grand

La presidenta del Frente Grande de la provincia de Buenos Aires explicó que en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en el comedor del Astillero Río Santiago, por sorpresa “se encontró una orden de compra de 95 millones de dólares para la construcción de cuatro supuestos buques a una empresa que es una offshore”, de nombre White Sea.

 

En la presentación, también pidió que se investigue a otras seis personas por la posible comisión de los delitos de “malversación de fondos y fraude en perjuicio de la administración pública por U$S 95 millones destinados a cuatro embarcaciones que no fueron construidas”, detalló González en diálogo con AM 530 Somos Radio.

 

Esos otros denunciados son el extitular del Astillero Río Santiago, Daniel Capdevila; el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, los funcionarios de la Procuración Miguel de Lezica, Max Perkins y Francisco Pont Vergés y Ricardo René López, excoordinador de Seguridad y jefe de Recursos Humanos del Astillero Río Santiago y integrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

 

La denuncia

 

“La denuncia apunta al entramado para la persecución judicial y armado de causas de opositores contra trabajadores del Astillero y representantes gremiales, en complicidad con agentes orgánicos, inorgánicos y propios funcionarios de Poder Ejecutivo nacional y provincial durante el gobierno de María Eugenia Vidal”, dijo González. Y también los acusó de “exacciones ilegales, negociaciones incompatibles con la función pública, peculado, soborno trasnacional, tráfico de influencias y asociación ilícita”.

 

En su denuncia, González dijo que esos hechos “se realizaron en connivencia entre quienes eran funcionarios del Poder Ejecutivo, funcionarios de la Procuración General, Agentes Fiscales”, lo que, afirmó, evidencia “la participación principal del Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, junto a integrantes del Ministerio Público y Procuración General”.

 

Para la diputada, durante la gestión macrista se conformó “un plan de acción, coordinado, entre un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo nacional y provincial que tenía por objetivo la impunidad de funcionarios de Cambiemos, la persecución de opositores políticos, y el disciplinamiento de fiscales otorgando impunidad o proveyendo a su suspensión”.

 

Remarcó que “un hecho de corrupción que se descubre en la causa armada a los dirigentes de ATE-Ensenada, en la que habrían intervenido agentes de la AFI y de la cual podrían haberse enriquecido tanto los funcionarios nacionales como provinciales e interventores y directores del Astillero Río Santiago”.

 

Para González, el fiscal a cargo de esa causa, “decidió ir por los sindicalistas de ATE y no investigar un acto de corrupción que comprometía a Cambiemos”, lo que considera “un hecho de corrupción probado mediante pericia de la Prefectura Naval, que incluía a los interventores del Astillero Rio Santiago y a los Agentes de la AFI, por unos 95 millones de dólares”. (InfoGEI)Ap

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