Presentan proyecto de ley que establece la creación del Registro Nacional de Beneficiarios Finales.

La diputada del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara Baja, la economista, Fernanda Vallejos, con el fin de “combatir la corrupción estructural, la fuga de capitales, el lavado de dinero y la evasión impositiva”, presentó un proyecto que apunta a crear el Registro Nacional de Beneficiarios Finales, cuyo sentido es poner al descubierto “quiénes son los verdaderos propietarios de las empresas fantasmas que se utilizan para cometer distintos delitos económicos contra el Estado y el país”.

En los fundamentos de esta iniciativa la legisladora explica con claridad que “la identificación de los beneficiarios finales de las empresas representa una de las principales herramientas para combatir los flujos financieros ilícitos relacionados con la evasión fiscal, el lavado de dinero, la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, y diversas violaciones a los derechos humanos”, al tiempo que alerta que “sin políticas sobre transparencia respecto de los beneficiarios finales, la criminalidad económica puede ocultarse detrás de vehículos jurídicos de cualquier tipo”.

Evasor final

El proyecto de Vallejos, en la categoría de beneficiario final, engloba a las personas humanas que tengan como mínimo “el 10% del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, fideicomiso o de cualquier otra estructura jurídica; y a las personas humanas que por otros medios ejerzan el control final de las mismas”.

Asimismo, subraya que “cuando no sea posible individualizar a aquellas personas humanas que revistan la condición de Beneficiario/a Final”, la responsabilidad recaerá en la “persona humana que tenga a su cargo la dirección, administración o representación de la persona jurídica, fideicomiso, o estructura jurídica”, según corresponda.

En tanto, en el caso de los fideicomisos o estructuras jurídicas de características similares nacionales o extranjeras “se deberá individualizar a los beneficiarios finales de cada una de las partes del contrato”.

Legislación en EEUU

En tal sentido, Vallejos menciona que, en diciembre del año pasado, el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sancionaron la ley de Autorización de Defensa Nacional, que se convirtió en ley el 1 de enero de 2021 y que incluye una norma contra el Lavado de Dinero, reconocida por sus siglas AML y una segunda de Transparencia Corporativa (CTA), que requerirá a las corporaciones, compañías de responsabilidad limitada y similares que entreguen información sobre sus beneficiarios finales.

La propuesta de Vallejos señala que “las recientes megafiltraciones de información financiera dejaron al descubierto el extendido uso (y abuso) de complejas estructuras societarias: Panama Papers, Swiss Leaks, Paradise Papers, Bahamas Leaks o Luxleaks pusieron en evidencia la existencia de una industria dedicada a montar diversas estructuras societarias conformadas mediante entramados multijurisdiccionales que incluyen sociedades en guaridas fiscales y jurisdicciones opacas con el objetivo de ocultar la identidad de los verdaderos dueños de las empresas y explotar zonas grises en las legislaciones”.

Como dato destacado, el proyecto advierte que la información del Registro Nacional de Beneficiarios Finales tendrá carácter público y será de acceso gratuito “a través de medio informáticos”.

Informe del BID

En la misma sintonía, agrega la diputada, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de un informe del especialista Andrés Knobel, intitulado “Regulación sobre Beneficiarios Finales en América latina”, realiza distintas observaciones sobre la política de beneficiarios finales de la Argentina. Entre ellas destaca que “las autoridades competentes no tienen acceso oportuno a una información adecuada, precisa y actualizada sobre los Beneficiarios Finales de las personas jurídicas porque “aún no existe un registro nacional funcional de personas jurídicas” y que “los registros se mantienen por separado por la ciudad de Buenos Aires y las 23 provincias”. Además, Knobel subraya que “los registros provinciales no contienen información actualizada” y las autoridades provinciales de control tienen una capacidad limitada para obtenerla”. Estas son sólo algunas de las objeciones que plantea el BID y que la sanción de la ley Vallejos permitiría subsanar. (InfoGEI)Jd

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