Desaparición de Facundo: Piden el apartamiento de la jueza Marrón

El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación, Javier De Luca, respaldó hoy el pedido del equipo fiscal para que la titular del Juzgado Federal N° 2 de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, sea apartada del caso por la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro.

«No practicó ninguna medida conducente, denegó las propuestas por la fiscalía, hizo perder un tiempo precioso a la pesquisa (“el tiempo que pasa es la verdad que huye”) e incorporó elementos que en lugar de esclarecer,
entorpecen la búsqueda de la verdad real», sostuvo el fiscal general, y remarcó que la magistrada obstaculizó “líneas de investigación que pudieran comprometer la actuación de las fuerzas de seguridad del lugar en los hechos”.

Según publica el sitiowec del MPF, la intervención de De Luca se dio en el marco del recurso de queja abierto por la Sala I del máximo tribunal penal, interpuesto por los fiscales Horacio Azzolín y Andrés Heim, ante la confirmación del rechazo a la recusación de la jueza y posterior rechazo del recurso de casación frente a esa decisión- dispuesto por la Cámara Federal de Bahía Blanca.

Pérdida de imparcialidad

La misma sala también abrió para el tratamiento otro recurso queja de los fiscales frente a la decisión de la jueza Marrón -confirmada por el tribunal revisor bahiense- de ordenar en el proceso la producción de un informe pericial mientras la investigación se encontraba delegada -aun lo está- en el MPF. Esa fue la razón por la que los fiscales recusaron a la jueza. Azzolín y Heim entendieron que había perdido la imparcialidad y solicitaron que se declare la nulidad de su orden de oficio, por considerarla una intromisión en las facultades privativas de los fiscales, con un fundamento aparente y a pesar de otras diligencias que se estaban realizando en un sentido similar.

«La descripción de las circunstancias del caso en estudio no deja lugar a dudas respecto de que la jueza de la causa ya tiene una posición tomada (un prejuicio) sobre cómo se sucedieron los acontecimientos que derivaron en la muerte del joven Astudillo, lo cual es totalmente incompatible con la actitud y apertura mental que debe adoptar cualquier magistrado en la etapa de investigación o averiguación de un posible crimen», señaló De Luca.

Responsabilidad internacional

«Esta actividad de la magistratura puede implicar la responsabilidad internacional del Estado argentino, la cual se produce, cabe recordar, tanto por acción como por omisión», advirtió De Luca.

Agregó que «las quejas de los fiscales sobre la invasión de potestades de los investigadores (porque la instrucción había sido delegada) no es más que la forma mediante la cual se viene produciendo algo mucho más grave». Y, en efecto, señaló: «Al hacerlo, sus decisiones terminaron produciendo obstáculos y desvíos de la investigación hacia un único rumbo, el de su hipótesis».

De Luca indicó que para la jueza federal «toda hipótesis que se aparte del mero ‘accidente’ y se dirija hacia la posibilidad de un homicidio, doloso o culposo, o un encubrimiento de éste, es inmediatamente negada».

Actitud refractaria

En relación con la actividad desplegada por la jueza, De Luca consideró que «a lo largo de toda esta etapa investigativa, la magistrada que esta parte recusa ha demostrado una actitud refractaria hacia todas las medidas de prueba que la fiscalía solicitara». En ese sentido, indicó que «ello ocurrió cuando se intentó avanzar en líneas de investigación que pudieran comprometer la actuación de las fuerzas de seguridad del lugar en los hechos».

«Para ella, toda hipótesis que se aparte del mero ‘accidente’ y se dirija hacia la posibilidad de un homicidio, doloso o culposo, o un encubrimiento de éste, es inmediatamente negada», aseguró.

Pre aviso a los allanados

En tal sentido, De Luca recordó que, cuando solicitaron el allanamiento a los domicilios de dos agentes policiales, los fiscales requirieron la implementación del secreto de sumario de las actuaciones pues los efectivos ya contaban con abogados defensores en la causa. «Si bien ello fue autorizado, el Juzgado notificó digitalmente a través del Lex 100 a la Fiscalía el término del secreto de sumario, pero no ocultó esa notificación en el sistema», puntualizó el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación.

En esa línea, De Luca puso de relieve que «desde la solicitud efectiva del allanamiento la jueza dejó pasar doce días hábiles sin emitir ningún tipo de respuesta al respecto», lo cual implicó que «dejó vencer el secreto de sumario y notificó a las defensas al momento de rechazar las medidas de coerción. Es decir, adoptó una actitud totalmente incompatible con la debida en la etapa de investigación, con grave perjuicio a la búsqueda de la verdad jurídica objetiva».

Finalmente, señaló que «la medida más demostrativa de su parcial proceder fue la de suplir la actividad de los titulares de la acción penal pública al requerir unilateralmente un informe al IADO. Ello, con el único objetivo de reforzar su propia visión de los hechos». Esa visión, indicó De Luca, tenía el sentido de «profundizar la hipótesis que ya había referido en su auto del 15/10/20 sobre que Astudillo había ‘muerto ahogado’ en el mar. Ello en los mismos términos que los señalados en el informe devuelto por la fiscalía por no haberse requerido ni ceñido a lo solicitado». (InfoGEI)Jd