Denuncian a la planta Atanor de San Nicolás por contaminación

Un informe realizado por el Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIM) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) junto al Conicet, ordenado por el juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, en el marco de una denuncia penal contra Atanor por parte de un grupo de vecinos en donde está emplazada la empresa.

«El informe demuestra que en el vuelco del efluente líquido y en el suelo de la planta industrial, hay altas concentraciones de los herbicidas e insecticidas atrazina, cipermetrina y trifluralina, que son residuos peligrosos y superan las cantidades permitidas por nuestra legislación», dijo el abogado querellante, Fabian Maggi.

«Esto viene a consolidar todas las pruebas testimoniales de los vecinos y de los exoperarios que denunciaron la contaminación de la empresa hace años y padecen enfermedades crónicas y mortales como el cáncer», enfatizó.

La planta de Atanor SCA en San Nicolás está en pleno radio urbano, rodeada por el barrio Química y apenas la separa una calle de las viviendas y sus habitantes.

Los resultados del informe indican que las muestras tomadas en el desagüe de la planta que vuelca residuos al río Paraná, contienen concentraciones del herbicida artificial atrazina en niveles de 52,4 y 61,2 microgramos, que superan 20 veces la normativa nacional, que establece un tope los 3 microgramos por kilogramo.

Otras muestras recabadas en la superficie de la barranca del río Paraná encontró el plaguicida cipermetrina en concentraciones de 12.815 microgramos por kilogramo, también muy por arriba de los permitido para no dañar la Biota.

«Los valores de cipermetrina encontrados son escandalosos y evidencian que hubo un descarte masivo de residuos, con el agravante de que va directamente al río Paraná y eso contamina de manera permanente», señaló Maggi en diálogo con Telám.

En esa línea, indicó que «otra muestra muy reveladora se obtuvo por debajo de una plataforma de cemento, lo que demuestra la intención de la empresa de ocultar los residuos enterrados durante años, que ya había sido denunciado por un exsupervisor de la planta».

«En base a los resultados de los análisis, desde la querella pediremos la imputación del fiscal provincial Rubén Darío Giagnorio y la indagatoria de los empresarios involucrados y los funcionarios públicos que fiscalizaron y ocultaron estas pruebas que hoy salen a la luz; me refiero a los funcionarios de la Autoridad del Agua (ADA) y del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS)», señaló.

«Estamos hablando de casi dos décadas de contaminación que fueron posibles por la connivencia de los funcionarios públicos con los empresarios porque ellos entraban a esa planta con sus planillas oficiales a incorporar datos falsos de que ahí estaba todo bien y hoy se demostró que era mentira», finalizó. (InfoGEI) Mg

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *